El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha defendido la concepción de la inmigración como "una realidad contundente" que no sólo no pone en peligro la unidad nacional, sino que la "engrandece desde la diversidad". Méndez ha rechazado la definición de los movimientos migratorios como un problema. Para el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), "es una necesidad compartida que debemos afrontar trabajando por la generación de mecanismos de integración y de reconocimiento a la diversidad con un único límite: el respeto al marco legal de la Constitución".

Méndez, que ha hablado hoy sobre "Trabajo e inmigración" en el curso de verano "Inmigración y diversidad: los retos de una sociedad cultural", ha destacado el marcado carácter laboral de los movimientos migratorios en la actualidad, convirtiéndose en "el desafío más importante de la comunidad internacional y una clara muestra del fallo estructural de la economía mundial". Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 60% de los emigrantes que abandonan sus lugares de origen por razones de trabajo se trasladan a países en vías de desarrollo, siendo algo menos del 40% de esta población los que se viajan a países industrializados.

Este fenómeno en creciente expansión requiere, según Méndez, la necesidad de definir una marco multilateral de carácter mundial. El presidente de la Confederación Europea de Sindicatos ha asegurado que en el marco de la UE "las políticas de inmigración no pueden tener como único objetivo el control de las fronteras, deben desarrollarse políticas migratorias transversales que tengan como meta la generación de empleo, los principios de igualdad, el control de la explotación laboral, la protección de la mano de obra clandestina e incorporar la dimensión de género". En este sentido la CES ha formulado una propuesta legislativa que contemple el reconocimiento de la ciudadanía europea a los residentes legales de terceros países.

En nuestro país las propuestas de la Unión General de Trabajadores se centran sobre tres ejes: un pacto de estado para la inmigración en el marco parlamentario, "para evitar, entre otras cosas- según Méndez- que haya en cuatro años, cuatro leyes de extranjería distintas"; la creación de una comisión laboral con carácter estable en la que participen sindicatos, empresarios y administración, y la definición de un "itinerario de protección jurídica para los inmigrantes" que permita de manera individualizada que quiénes se encuentren en nuestro país con trabajo regularicen su situación y se garantice la consolidación de sus condiciones laborales. Paralelamente, la atención a este colectivo tendrá un apartado específico dentro de la declaración para el Diálogo Social, que actualmente negocian sindicatos, empresarios y Gobierno, con lo que se reconocerá "la dimensión laboral de un fenómeno que actualmente se está acometiendo básicamente desde el control de fronteras y las políticas asistenciales".

En España los datos hablan por sí solos de la dimensión del fenómeno migratorio. Si en 1998, los trabajadores extranjeros representaban el 1% de la población activa, este porcentaje se situaba en el 4% el pasado año. En términos de desempleo, el 5% de la población parada en 2003 correspondía al colectivo de trabajadores inmigrantes. A estas cifras hay que añadir los 800.000 extranjeros que, según datos del sindicato, se encuentran en nuestro país de manera irregular, una cifra que se ha multiplicado por siete desde el año 91 y que da claras muestras del fracaso de los procesos de regularización extraordinaria. El secretario general de UGT se ha mostrado partidario de la regularización en origen, de los contingentes y del permiso de temporada, pero compatible con la legalización de los inmigrantes que trabajan en España en situación irregular.