El éxito del consenso residía en la apuesta por la mediación como método de resolución de los conflictos que se produjeran en el seno de la comunidad universitaria. Esta medida se reforzó con la creación de una Comisión de Convivencia, encargada de coordinar los procesos de mediación y resolución de conflictos y se complementa en el texto con un procedimiento sancionador dotado de amplísimas garantías para el estudiantado.
Frente al espíritu de mediación y convivencia, las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podemo-Galicia en Común y Republicano eliminan el espíritu de convivencia del proyecto y trasladan a las universidades, en el marco de su autonomía, la posible regulación de mecanismos y procedimientos de resolución de conflictos. Esto impide el establecimiento de un marco común para todo el Sistema Universitario Español.
Crue y las organizaciones representativas del estudiantado consideran que con estos cambios se anula la principal aportación del proyecto de Ley consensuado con el Ministerio, que es el desplazamiento del eje del sistema de convivencia del ámbito puramente disciplinario a la resolución pactada de los conflictos.
Así pues, las enmiendas eliminarán el mecanismo y el procedimiento de mediación, así como su aplicación preferente frente a las sanciones disciplinarias, convirtiendo la convivencia universitaria en un mero procedimiento punitivo. A su vez, se eliminan los medios alternativos de resolución de conflictos de convivencia, así como las medidas sustitutivas de las sanciones.
La comunidad universitaria quiere trasladar su malestar a las fuerzas políticas por desoír sus propuestas. Estas enmiendas deben ser modificadas o retiradas para que la Ley se distancie verdaderamente del Régimen Sancionador de 1954 al que está todavía sujeto el Sistema Universitario Español.