Para ello, indica que las universidades tienen que implicar, de forma colaborativa, a toda la comunidad universitaria --estudiantado, personal de administración y servicios, personal docente e investigador--, así como a las personas y colectivos que mantienen relación habitual con el mundo universitario. También sostiene que es «urgente» que las instituciones de Educación Superior generen y transmitan información rigurosa sobre la transición climática a las comunidades universitarias, pero también a las instituciones, empresas y agentes sociales.
En su declaración, Crue incide en que el camino hacia la neutralidad climática constituye «una oportunidad» para modernizar y hacer más competitivo el sistema productivo y empresarial; hacer más habitables las ciudades; avanzar hacia modos de consumo más saludables; proteger la biodiversidad; facilitar la innovación, y desarrollar tecnologías más eficientes, limpias y verdes. Además, defiende que permitirá generar empleo de mayor calidad e impulsará el papel de la investigación y docencia universitarias.
Ante esta realidad del cambio climático y sus efectos, las universidades se comprometen con esta declaración a identificar sus vulnerabilidades frente al impacto que genera el calentamiento global, en función de los diferentes escenarios climáticos, con el objetivo de garantizar un mayor grado de seguridad de los campus, infraestructuras y el conjunto de las actividades universitarias.
En concreto, la Comisión Crue-Sostenibilidad trabajará, en coordinación con los órganos de gobierno de las universidades, para que, antes de 2025, organicen el cálculo y registro de la huella de carbono generada por todas sus actividades; la puesta en marcha de programas específicos para su reducción y compensación; la implementación del compromiso para reducir antes de 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% respecto a sus cifras de 1990, o la neutralidad climática en 2045.
En el marco de las XXIX Jornadas de Crue- Sostenibilidad, también se acordado un manifiesto con el título «El papel de las universidades en la Agroalimentación Sostenible: Impacto de la crisis sanitaria», en el que reitera su compromiso como instrumento de fomento e intercambio de buenas prácticas en materia de desarrollo sostenible y subraya que las universidades «deben contribuir a alimentar de una manera sostenible a la población del Planeta».
En este sentido, señala que la Universidad, con sus misiones docente, investigadora y de transferencia social, científica y tecnológica, «provee los mejores escenarios para proporcionar a las empresas herramientas que les permitan asociar su rentabilidad económica a la generación de impactos ambientales y sociales favorables al medio ambiente y a un estilo de vida más sostenible para las personas y el planeta».