El pasado 11 de mayo, desde Crue se envió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para trasladarle que los gestores administrativos de la investigación están sufriendo una sobrecarga de burocracia en la gestión y justificación de las ayudas que desborda su capacidad. A esta situación se suma la falta de coordinación por parte de los diferentes órganos financiadores del Gobierno y la confusión respecto a cómo se debe gestionar desde las universidades la justificación de los fondos del MRR, porque las instrucciones de Hacienda no aclaran si las obligaciones atribuidas a los agentes gestores aplican a todos los contratos o si, por el contrario, los contratos menores están excluidos.
Crue considera que la asunción de las responsabilidades de aportación de información en el sistema de gestión solo es posible si las obligaciones establecidas aplican, exclusivamente, a los contratos mayores, esto es, superiores a 50.000 euros (límite establecido a los contratos menores realizados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación SECTI). Por ello, para favorecer una gestión más ágil y acorde con las capacidades de las unidades de gestión de investigación de las universidades españolas, esta asociación solicita que:
- Las universidades, como parte del SECTI y entidades ejecutoras en la gestión de fondos PRTR en el marco de los proyectos de investigación y transferencia, sean eximidas del cumplimiento de las obligaciones exigidas sobre la aportación de la información que se genere en los procesos de gestión acerca de los intervinientes en los contratos menores inferiores a 50.000 euros
- No se duplique la carga de gestión de los proyectos del PRTR dejando un solo sistema de información que pueda servir para la justificación de los fondos ejecutados evitando así, el colapso absolutamente predecible y de consecuencias nefastas en la gestión de los fondos PRTR dedicados a la investigación