La Asamblea ha destacado que sin una financiación pública adecuada no se puede desplegar la LOSU ni resolver los problemas de precariedad del personal de la universidad pública. Si bien se ha puesto en valor el hecho de que, por primera vez, una ley orgánica de universidades incluya en su articulado un objetivo de financiación pública mínima del 1% del PIB del conjunto del Estado, también se ha recordado que desde Crue se está reclamando constantemente al Ministerio de Universidades que detalle el compromiso concreto de las diferentes Administraciones con la financiación universitaria. La Asamblea defiende que la asignación de recursos del Estado a las CCAA para prestar servicios de educación universitaria, bajo los principios de igualdad de oportunidades y de equidad, debe ser una prioridad. Además, pone de manifiesto que nada impide desplegar programas estatales de financiación al sector universitario con objetivos específicos.
Los rectores y rectoras han subrayado que el despliegue de la LOSU requiere la aprobación de normas legales de rango inferior, entre las que destaca el Estatuto del personal docente e investigador (PDI). Por otra parte, la aplicación de la LOSU ha puesto de manifiesto que la figura del profesor sustituto no está bien definida y requiere una clarificación del régimen de incompatibilidades.
Otros aspectos económicos
La Asamblea ha abordado otros problemas económicos derivados de normativas estatales. El primero de ellos, el retraso en la transferencia de los fondos a las comunidades autónomas para hacer frente a lasindemnizaciones de los contratos predoctorales y de acceso al Sistema de Ciencia vigentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley, que ha obligado a las universidades a realizar un anticipo con cargo a sus fondos propios. En segundo lugar, los costes derivados de la asunción por parte de las universidades de la cuota patronal de la seguridad social del personal investigador beneficiario de las ayudas para la recualificación del sistema universitario.
Finalmente, se ha abordado la problemática de la gestión y el pago de las cuotas de la seguridad social del estudiantado que realiza prácticas en empresas o instituciones. El RD 2/2023 recoge que la asunción de estas cuotas por las universidades debía ser excepcional; sin embargo, tanto empresas como instituciones, incluidas las que dependen de la Administración General del Estado, se han negado a ello. Como consecuencia, las universidades se han visto obligadas a costear estas cuotas y la gestión de altas y bajas con el objeto de que el estudiantado pudiera titularse. De no ser así, no habría graduados/as en Medicina, Enfermería o Magisterio en los próximos años. La Asamblea considera que, dado que una parte sustancial de las prácticas se realizan en organismos públicos, estos deberían asumir la gestión y el pago.
Internacionalización de las universidades
Respecto del ámbito internacional, la presidenta de Crue, Eva Alcón, ha informado sobre la reunión mantenida en Bruselas con los máximos representantes de France Universités (FU), la Conferencia Checa de Rectores (CRC), la Asociación de instituciones de Educación Superior de Suecia (SUHF) y la Asociación Europea de Universidades (EUA), con el fin de fortalecer alianzas institucionales que permitan llegar a acuerdos y acciones conjuntas sobre las prioridades políticas para la Educación Superior en los próximos años.
Sobre el Council de la European University Association (EUA), la presidenta ha compartido con las rectoras y rectores los temas tratados en ese encuentro también desarrollado en Bruselas y en el que participó: agenda de investigación e innovación de la EUA, Plan Estratégico de la EUA, proyectos UniFE y NewLEAD y proceso de reforma de la evaluación de la investigación en Europa.
Actualización de los estatutos
La Asamblea General ha aprobado una modificación de los estatutos de Crue para mejorar el funcionamiento de la asociación. Los nuevos estatutos definen una Junta Rectora, que incorpora a los miembros del Comité Permanente y a los presidentes de las comisiones sectoriales, y la actualización de los criterios para ser admitido como universidad asociada de Crue, adecuándolos a los exigidos por la nueva normativa para que una universidad pueda ser considerada como tal.