El objetivo de la jornada ha sido analizar con expertos de otras regiones, y con base en criterios científicos y prácticos, cuáles deben ser las características de este tipo de prestaciones para lograr una mayor eficacia, así como las nuevas demandas de la población en situación de riesgo o exclusión para que cualquier programa de garantías de ingresos sea útil y alcance al mayor número posible de personas que lo necesitan.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, considera que el nuevo ingreso para la infancia y la inclusión (IPII) supondrá un cambio de paradigma en las políticas sociales de la comunidad, y permitirá avanzar hacia un modelo de inclusión y con estímulos para el empleo frente a anteriores fórmulas asistencialistas. Así, según ha avanzado, esta prestación será compatible con un puesto de trabajo, “e incidirá en la formación y la educación, a través de itinerarios individualizados, para ofrecer a estas personas un proyecto de vida”.
Durante su intervención, Ruiz ha insistido en que “el objetivo último de cualquier política pública de renta mínima o de garantía de ingresos debe ser la emancipación de las personas a través del empleo, para conseguir así una vida autónoma y plena, rompiendo la cronificación de la pobreza y la dependencia del asistencialismo”. Una fórmula, ha dicho, que ya se ha empezado a aplicar en la Estrategia Regional ERACIS, “cofinanciada con fondos europeos y que ha sido todo un éxito”. Así, se han invertido 150 millones de euros en zonas desfavorecidas de Andalucía, que han permitido que más de 33.000 andaluces hayan conseguido un proyecto de vida a través de itinerarios de inserción personalizados.