Esta asociación agradece al Ministerio de Ciencia e Innovación y al de Universidades su capacidad de escucha para hacer realidad este nuevo marco legal, que espera que haga más competitivo el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero reclama igualmente al Ministerio de Hacienda y a las Administraciones Públicas que habiliten una solución hasta que la nueva ley entre en vigor, previsiblemente en unos ocho meses, y que incluya los proyectos no financiados por la Unión Europea.
Para el presidente de Crue y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, se trata de una reforma que «cumple con parte de las expectativas del sistema universitario», responsable de más del 70% de la producción científica de España, y ha señalado que espera que el trámite parlamentario «sirva para mejorar las oportunidades del sistema». En este sentido, ha advertido de que espera que no ocurra lo mismo que con la Ley de Convivencia Universitaria, cuyo texto fue modificado de manera sustancial cuando llegó al Congreso de los Diputados, pese a contar con el consenso previo de los principales actores del sistema universitario. «Estaremos vigilantes», ha aseverado.
Crue insiste en que la puesta en marcha de los nuevos contratos para actividades científico-técnicas es de máxima urgencia, ya que la entrada en vigor de la reforma laboral puede dejar fuera del sistema a los miles de investigadores con contrato por obra y servicio y llevar al sistema al colapso. La nueva figura contractual acabaría con la inseguridad jurídica del colectivo investigador, pero para ello es necesario que el Gobierno coordine las dos reformas legales en todos sus términos y condiciones para evitar que la incertidumbre que se está generando en los investigadores e investigadoras universitarias termine bloqueando el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.