De acuerdo con la información recibida, el Presupuesto de gastos para la Comunidad Andaluza se incrementa con respecto al del año anterior en un 9%, mientras que la envolvente financiera destinada a la financiación del sistema universitario público andaluz no alcanza siquiera un 3%, lo que compromete seriamente a la estabilidad financiera de las universidades para mantener los gastos.
Gómez Villamandos ha avanzado que, junto con el resto de Rectoras y Rectores, solicitará “a la totalidad de partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía el apoyo parlamentario para que, a través de enmiendas, apoyen de una dotación para el sistema universitario público andaluz que sea, al menos, igual a la del Presupuesto en términos de incremento porcentual”. En este sentido, el Rector Gómez Villamandos ha manfiestado que “también se ha solicitado al Gobierno de España y Grupos parlamentarios un incremento presupuestario para universidades en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado”.
El Rector de la Universidad de Córdoba ha señalado que “el documento presentado no ha tenido en cuenta ninguna de las tres premisas fundamentales que las rectoras y rectores transmitimos al Gobierno andaluz durante el período de elaboración del proyecto de presupuesto”. En primer lugar, en lo relativo al “incremento del límite de gasto de personal autorizado a las universidades (cota de gasto de personal) al objeto de poder atender, el crecimiento vegetativo, los compromisos pendientes de los Acuerdos de la Mesa General de Negociación y el posible incremento salarial de los empleados públicos. Lo previsto en la Ley supone un 1,12% respecto a la cota de 2021”, ha señalado.
Por otro lado, “el presupuesto aprobado para la Financiación Básica Operativa no debe ser, en ningún caso, inferior al límite de gasto de personal autorizado a las Universidades en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2022. De lo contrario –ha precisado-, además de ser una contradicción en sí misma entre el gasto de personal autorizado y los recursos para atenderlos, supondría un retroceso que agravaría aún más la sostenibilidad financiera del sistema”.
Por último, “el importe previsto para la Financiación Básica Operativa no debe superar el 80% de la financiación ordinaria total del sistema universitario público andaluz, puesto que, de lo contrario, sería inviable la aplicación del documento de bases del instrumento de financiación aprobado en lo relativo a la Financiación Básica de Convergencia y a la Financiación Estratégica que, conjuntamente, han de contar con el 20% del presupuesto de financiación ordinaria total”, ha concluido.