En cuanto al procedimiento, Crue discrepa abiertamente de la forma en que se ha negociado porque supone en las prácticas un contenido jurídico-laboral del que carecen, tal y como Crue ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones. Las prácticas de estudiantes universitarios son un asunto estrictamente académico y no se entiende por qué razón sindicatos y patronal tienen que pactar su régimen jurídico. Crue no cuestiona su capacidad —y la del Ministerio de Trabajo— para fijar la frontera entre lo que son prácticas académicas y lo que no lo son por configurar un verdadero y propio contrato de trabajo. Pero, una vez establecida esa frontera, nada tienen ya que disponer sindicatos y patronal respecto del régimen jurídico de las prácticas académicas. Eso es un asunto exclusivamente académico cuya competencia reguladora recae en el Ministerio de Universidades y en las propias universidades.
De manera muy particular, Crue se opone radicalmente al establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en que pueda incurrir el estudiante en prácticas. Se trata de una previsión inédita en nuestro Derecho y cuya consecuencia inmediata será la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas. Además de todo ello, la valoración de tal compensación generará con toda seguridad una gran complejidad y dificultades añadidas a la gestión ordinaria de las prácticas.
Por último, Crue alerta, una vez más, del serio peligro que para la continuidad de la oferta de prácticas que necesita el sistema universitario español representan medidas como la compensación obligatoria de gastos y la inclusión de los estudiantes en prácticas en la Seguridad Social sin, al menos, dejar tiempo a las universidades para su aplicación. Y también advierte de los perjuicios que todo ello va a producir a nuestro estudiantado.