En la misiva señalan que “pese a que el RD-Ley 2/2023 establece que la obligación de la cotización recae en la empresa o institución receptora de los estudiantes, las universidades nos estamos viendo abocadas a asumir la cotización de prácticas no remuneradas, con el fin de garantizar que los y las estudiantes universitarios puedan graduarse”.
En esta situación, los vicerrectores firmantes informan que las entidades públicas, donde se realizan el 60%, están solicitando la firma de adendas que incluyan una cláusula especificando que la universidad es responsable de la gestión y gasto correspondiente y expresan su temor de “que las empresas privadas se sumen a esta solicitud, ya que colaboran con la universidad al brindar oportunidades de prácticas a nuestros y nuestras estudiantes, pero no están dispuestas a asumir los gastos ni la carga administrativa asociada”. Para las universidades “esta nueva obligación supone un gran problema, ya que debemos gestionar un elevado número de prácticas para garantizar la formación del estudiantado”.
En la carta, los vicerrectores requieren la dotación de recursos que permitan afrontar este nuevo escenario, entre los que destaca “la asignación de un presupuesto económico para los próximos cursos académicos”, fondos que no están disponibles en 2023.
Los responsables de las universidades firmantes solicitan al Ministerio información e instrucciones en relación con el procedimiento a seguir y “dada la incertidumbre en la que estamos inmersos y las necesarias adecuaciones en nuestros sistemas de gestión y pese a que lo deseable sería la derogación de la norma, al menos solicitamos con urgencia que se arbitren los instrumentos jurídicos necesarios para demorar un año la entrada en vigor de dicha medida. Además, en dicho período, deberían también adoptarse las medidas oportunas para garantizar que la bonificación alcance al 100% de la cuota de forma permanente o en su caso este coste sea asumido por parte de las entidades”, concluyen.
La carta completa puede consultarse aquí.